El juez Roberto Gallardo ordenó que el operativo de seguridad para la próxima marcha de jubilados esté a cargo de la Policía de la Ciudad y no de las fuerzas federales.

Se trata de una decisión judicial que obliga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a hacerse cargo del operativo policial de este miércoles, en la habitual marcha de los jubilados.

Lo dispuso el juez porteño Roberto Gallardo, encargado del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires.

Varios gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron amparos “para evitar la participación de fuerzas federales“, a cargo de Patricia Bullrich.

Por este motivo, se le ordenó al Gobierno de la Ciudad y a su jefe porteño, Jorge Macri, que se “abstenga” de validar la intervención de fuerzas de seguridad nacionales, por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, “en detrimento de la autonomía local y del rol de la Policía de la Ciudad”.

Así, la administración de Macri debe ser la que esté a cargo del operativo de seguridad de este miércoles 9 que, a su vez, confluirá con la movilización del paro general convocado por la CGT.

Por otra parte, ordenó que se garantice “la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes” en el ámbito porteño. Todo ello coordinando un operativo de seguridad que deje “sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión”.

Asimismo se pide que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.