Universidades vuelven al paro porque el Gobierno, de espaldas al Congreso, anunció que no aplica la ley de financiamiento ni de emergencia prediátrica.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) informó que ante la dilación del Poder Ejecutivo de promulgar y ejecutar la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, llevará a cabo una protesta partir de este martes 21 y miércoles 22 de octubre, con un paro de 24 horas a partir del día posterior al vencimiento de los plazos legales.

Mientras La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) realizan hoy un paro de 24 horas en universidades de todo el país.

“La situación en las universidades es sumamente grave. A los salarios de pobreza se agrega la sobrecarga laboral y el desarme de cargos exclusivos que aumenta los cargos simples en una clara precarización de la tarea docente. En paralelo, sabemos que es muy probable que el Gobierno suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, como ya hizo con la emergencia en discapacidad”, argumentó el secretario general de CONADU, Carlos De Feo.

Asimismo remarcó: “En este contexto, y por la falta de diálogo que desconoce a las paritarias del sector, tenemos que fortalecer la organización y los planes de lucha para poder enfrentar el desguace del sistema universitario y científico que sostienen Milei y sus secuaces”.

La Ley de Financiamiento Universitario fue vetada por el presidente Javier Milei en los primeros días de septiembre. Sin embargo, las dos cámaras del Congreso avanzaron con la insistencia y desestimaron el rechazo del Ejecutivo a la normativa, que debe promulgarse conforme a la Constitución.

Entre sus lineamientos principales, la ley actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades, a la vez que reabre las paritarias universitarias.

Asimismo, suspendieron  la Ley de Emergencia Pediátrica fue publicada en el Boletín Oficial y  no habrá reglamentación ni ejecución de la iniciativa que buscaba garantizar el funcionamiento del hospital Dr. Juan Pedro Garrahan.

La Ley 27.796, que fue publicada pero suspendida, plantea la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.

Además, contempla la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes.