La Libertad Avanza presentó un paquete de proyectos en la Legislatura porteña con el objetivo de reinstalar su agenda con iniciativas sobre impuestos, seguridad y funcionamiento estatal.

Según argumentan, la idea es “agilizar” el Estado, recuperar el orden público y bajar los impuestos. El anuncio llega en medio del escándalo que involucra a Manuel Adorni por un vuelo privado y la compra de viviendas que generan sospechas sobre su patrimonio.
Cuando el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció una nueva línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para la clase media, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, fue la primera en mostrar las tensiones. “Son las ideas que venimos impulsando desde el primer día y es hora de que se implementen en la Ciudad”, había marcado.
“Somos una oposición constructiva”, dicen en la bancada libertaria al referirse a la relación con el Ejecutivo porteño. Una definición que también utilizó Mauricio Macri a nivel nacional en su vínculo con el gobierno de Javier Milei. Aunque evitan pronunciarse sobre la estrategia electoral, con la presentación del paquete de medidas buscaron retomar la agenda política y “representar a los porteños que nos votaron”, según indicaron.
Los proyectos:
Reforma Impositiva: incluye la eliminación de impuestos distorsivos y la reducción de Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes. También contempla el Impuesto a Sellos en operaciones inmobiliarias, la reducción del impuesto inmobiliario, beneficios de hasta el 100% en Ingresos Brutos y la eliminación de tributos sobre instrumentos financieros, créditos y consumos financiados.
Libertad comercial y simplificación: incorpora el silencio administrativo positivo y el reconocimiento de habilitaciones entre jurisdicciones.
Modernización del Estado: establece el principio de “una sola vez”, un catálogo único de trámites obligatorio y la centralización de la información administrativa para reducir tiempos y discrecionalidad.
Incentivo a inversiones (RIMI + RIGI): el RIMI prevé incentivos fiscales como la exención de Ingresos Brutos, Sellos y ABL, además de financiamiento del Banco Ciudad para inversiones medianas, mientras que la adhesión al RIGI garantiza estabilidad jurídica y beneficios para proyectos.
Reforma VTV y autopartes: propone la sustitución del modelo actual por un sistema abierto y competitivo que permita validar la verificación técnica vehicular cuando el service se realice en talleres homologados. Además, elimina el esquema cerrado actual, habilita más prestadores, flexibiliza el grabado de autopartes, amplía plazos de revisión y elimina la fijación estatal de precios.
Ley Bases porteña: busca achicar el Estado, desburocratizar la gestión, ampliar el alcance del silencio administrativo positivo, establecer plazos claros de respuesta, digitalizar trámites y crear un sistema más transparente y accesible.
Reforma del Estado: incluye la eliminación de organismos superpuestos, una nueva ley de procedimiento administrativo con foco en la digitalización y la promoción de privatizaciones en actividades no esenciales.
Ley de Comunas: el proyecto propone que solo cobren un salario los presidentes de las comunas y no el resto de los comuneros. “La iniciativa apunta a que las comunas asuman de forma efectiva funciones hoy superpuestas con el Poder Ejecutivo, reduciendo estructuras duplicadas, mejorando la gestión de cercanía y disminuyendo el gasto público”, señalaron.
Ficha Limpia: busca impedir que personas con condenas por delitos graves accedan a cargos públicos, incluyendo delitos contra la administración pública, integridad sexual, narcotráfico, homicidio y trata de personas con condena confirmada en segunda instancia.
Baja de imputabilidad: adapta la normativa local a la ley nacional, incorpora penas alternativas, monitoreo electrónico, reparación a la víctima y acelera los procesos judiciales.
Reforma del Código Contravencional: propone endurecer las sanciones para garantizar el orden y la convivencia en el espacio público, con mayores penalidades por conductas violentas, protección reforzada a menores y sanciones por obstrucción del tránsito.
Regulación de trapitos: establece un régimen más estricto para ordenar el uso del espacio público, con nuevas escalas de sanciones, agravantes por organización o intimidación y un esquema especial para eventos masivos con fiscalización activa.