Este lunes se llevó a acabo el primer Ni Una Menos de la era Milei. La movilización concentró en el Congreso porteño, a nueve años de su primera edición, los ejes de denuncia estarán en los crímenes de odio por identidad de género y la violencia económica que ejerce el Gobierno, que ve en el feminismo a un enemigo.
Este lunes, como cada 3 de junio desde 2015, se realizó la movilización del Ni Una Menos durante un gobierno que a lo largo de los primeros meses atacó abiertamente al movimiento feminista y desfinanció las políticas públicas en este marco.
Además, este año el centro de la convocatoria es exigir justicia por el triple lesbicidio de Barracas, denunciar la violencia económica y rechazar la ley Bases y el DNU, además de los despidos en el Estado. “Repudiamos al Gobierno que hace de la crueldad una política de Estado y promueve abiertamente los discursos de odio”, indicaron desde la organización.
Nueve años después de la primera movilización, convocada tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada por su novio en Rufino, la violencia extrema hacia las mujeres y diversidades sigue en el centro de la agenda. Este mes tres lesbianas fueron asesinadas en un hotel de Barracas por su identidad de género y una continúa internada. Esa será una de las principales demandas de la movilización al Congreso este lunes a partir de las 16.30.
El Gobierno nacional eliminó la mayoría de las políticas públicas destinadas a reducir las cifras de femicidos. Ni Una Menos
Los lesbicidios de Pamela Fabiana Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante por los que está detenido Justo Barrientos, un vecino del hotel de 67 años, será una de las principales banderas para denunciar un clima creciente de discursos de odio. Esta semana, la cantante Lali Espósito hizo referencia a la masacre de Barracas durante la premiación de los Premios Gardel. “Es cierto que la palabra lesbicidio no está en la RAE, pero está en la calle y en la vida real de mucha gente”, reflexionó la cantante y anticipó la demanda del 3J.
Luci Cavallero, una de las referentas del NUM, sostuvo que el tema central es denunciar que “con odio y hambre no hay libertad”. “Estamos en contra del DNU porque nos empobrece y porque libera los precios principales de la economía y nos está haciendo imposible la vida cotidiana. Estamos en contra de la aprobación de la Ley Bases que nos quita el derecho a jubilarnos, nueve de cada diez mujeres no se podrían jubilar. Al mismo tiempo nos transforma en una colonia para las corporaciones transnacionales. Denunciamos el hambre como política de disciplinamiento hacia las organizaciones sociales y hacia las mujeres que vienen sosteniendo los comedores”, afirmó Cavallero a este diario.
En las asambleas expusieron la violencia de género económica que implican las medidas del gobierno de Milei. “El hecho de no tener un trabajo y no tener la posibilidad de llevar ni siquiera un plato de comida o un kilo de pan para compartir con tus hijos genera mucha bronca y la violencia crece mucho más en la familia”, le dijo a elDiarioAR la secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Norma Morales. Además, alertó sobre la situación de las trabajadores comunitarias: “Somos las que seguimos garantizando las tareas del cuidado en los barrios populares, las que seguimos cuidando y alimentando a nuestra comunidad y nos congelaron el sueldo. Este mes nos pagaron la mitad, solo estamos cobrando $78.000, es indigno el nivel de violencia que venimos padeciendo. Es un crimen lo que están haciendo con nuestras compañeras, ellas siguen trabajando porque aman a su comunidad”.
Además, desde las organizaciones sociales alertaron sobre el crecimiento de los grupos narcos en los barrios. “La falta de trabajo desencadena que nuestra juventud agarre plata sucia, convivimos con los narcos en los barrios populares. Siempre están y en momentos de crisis aprovechan la situación para descarrilar a nuestra juventud”, agregó Morales, que también es coordinadora Nacional de Barrios de Pie.
En lo que va del año fueron asesinadas 101 personas por motivos de violencia de género. Según el último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro, entre el 1° de enero y el 30 de abril de este año se produjeron 92 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 1 trans-travesticidio y 8 femicidios vinculados de varones adultos y niños. En los primeros cuatro meses, 106 niños y niñas quedaron sin su madre. En este marco de violencia estructural, el gobierno nacional eliminó la mayoría de las políticas públicas destinadas a reducir las cifras.
Un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) indica que hay un 33% de recorte de presupuesto de estas políticas y que hay una parálisis de todos los programas de prevención y asistencia: caída del 80% en la ejecución interanual del presupuesto del Programa Acompañar (para víctimas de violencia) y del 25,52% del presupuesto de la Línea 144.
Asimismo recordaron que “la pobreza llegó al 55% y la indigencia al 18%”, indicador que es aún más grave entre las niñas, niños y adolescentes donde, según Unicef, dado que casi 7 de cada 10 son pobres mientras “el presupuesto destinado a niñeces cayó un 75%”.
Denunciaron que “el gobierno de Javier Milei instauró la crueldad como política de Estado” que se expresa tanto en lo social, como político y económico.
“Ante esto respondemos en las calles y movilizadas. Seguimos gritando: Ni una menos, ‘Vivas libres y desendeudadas nos queremos’, ‘Fuera el FMI’”, concluyeron.